Por SERGIO ISAZA VILLA, M. D. Presidente de la Federación Médica Colombiana
No haríamos una aproximación diagnóstica completa al problema que en el terreno de la salud vive Colombia sin revisar primero los orígenes jurídicos de sus causas. Toda la tragedia de la salud se le endilga a la ley 100 de 1993 y, genéricamente, a “las políticas neoliberales”, sin ver que la base de sustentación está en la Constitución Política de 1991.
Tener en cuenta este hecho permitiría apuntar baterías a la causa primaria de los males de nuestro tiempo y evitaría el desperdicio de energías denunciando leyes que no son otra cosa que la reglamentación de contenidos constitucionales.
Y es que esta Constitución, por algunos de sus contenidos, que rescatan para el pueblo derechos como el de tutela, petición, intimidad y libre desarrollo de la personalidad, derecho a la libre empresa, descentralización con autonomía regional, etc., es en esos aspectos progresista y democrática, pero esas conquistas quieren ser borradas desde hace tiempo por los sectores que hoy controlan el capital financiero, que es lo mismo que decir los intermediadores privados que controlan el jugoso negocio de la salud.
Sin embargo, al analizar minuciosamente los contenidos de la Constitución Política de Colombia en materia de salud, encontramos que dicho concepto como tal y como derecho ciudadano desaparece para ser reemplazado por el concepto de aseguramiento (seguridad social en salud), es decir por el derecho de comprar servicios de salud o por el derecho a recibir servicios de salud, transformando la salud en mercancía, con lo cual se abre paso a la generación de una ley de las características de la ley 100 de 1993.
Como consecuencia, es la misma Constitución Política de Colombia la encargada de hacer desaparecer, como por arte de magia, el concepto de Salud Pública, quitándole automáticamente al Estado su obligación de salvaguardar las fronteras sanitarias de la sociedad, debilitando la seguridad nacional al hacer vulnerable a la población colombiana ante riesgos de epidemias, endemias y pandemias. Y en este sentido, tales definiciones no se refieren solamente a las enfermedades infecciosas propias del trópico o a aquellas provenientes de lejanos países por la apertura de fronteras. No. Estos conceptos están inmersos en las enfermedades laborales o profesionales, los accidentes de trabajo, los accidentes de tránsito, la violencia ciudadana y la protección de la Misión Médica en áreas de conflicto y zonas de desastre. Estos conceptos los contiene una clara y decisiva política de población y control natal, de prevención de embarazos en niñas y adolescentes, de prevención de dependencia de fármacos y otras sustancias químicas, de planificación para la prevención de ocurrencia y para la atención de enfermedades crónicas como la diabetes y enfermedades mortales como el SIDA, la Insuficiencia renal crónica, la insuficiencia hepática y las enfermedades cardíacas. Los contiene el conocimiento científico en cabeza de los profesionales idóneos para planificar programas de salud pública y desarrollarlos con criterio científico-humanista en provecho social y no con criterio político-rentista especulativo, para el lucro de entidades privadas.
Artículo editado por cuidadoysalud; tomado de www.encolombia.com
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